SERVICIO VIOLENCIA FAMILIAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el funcionamiento durante 2022 del Servicio de Violencia Familiar del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, que atiende situaciones de maltrato de niñas, niños y adolescentes. El relevamiento, centrado en la estructura y el funcionamiento del área, encontró debilidades: no se informa a las víctimas cuáles son sus derechos, la documentación no se digitaliza para la historia clínica, no hay controles que impidan el acceso sin autorización a información sensible y faltan indicadores para analizar la gestión. También observó que el Servicio no cuenta con personal suficiente para cumplir la rotación de profesionales y cubrir licencias, que no tiene manuales de procedimientos y que el depósito de historias clínicas carece de protección contra incendios. La Auditoría concluye que el Servicio, creado en 1988, funcionó en el marco de la pandemia de COVID-19 y que es necesario elaborar indicadores e implementar controles que aseguren el cumplimiento del marco legal y la integridad y confiabilidad de la información.

• No se informa a las víctimas de violencia familiar los derechos que les asisten conforme la Ley 1688.
• No se escanea la documentación para incorporarla a la historia clínica digital y no existe un mecanismo que impida la visualización sin previa autorización de la información sensible de la historia clínica.
• No se elaboran indicadores ni datos estadísticos para el análisis de la gestión; los que se elaboran a pedido de un organismo se basan en registros manuales, carecen de uniformidad y no abarcan la totalidad del período.
• No se presentó ante Defensa Civil el plan de autoprotección para su aprobación y el depósito de historias clínicas no posee detectores contra humo o incendio ni elementos extintores.
• Pese a los requerimientos de ampliación de la dotación, el Servicio no cuenta con los recursos humanos necesarios para cumplir la rotación de profesionales prevista en la Ley 1688 y/o cubrir las licencias.
• No se obtuvieron evidencias de que el Servicio cuente con manuales de procedimientos ni circuitos administrativos con sus controles formalmente implementados, lo que genera vacíos sobre los circuitos a seguir, los niveles de control y los responsables.

El período auditado se enmarcó en la pandemia de COVID-19 y el Servicio, creado en 1988, desarrolló su actividad con las limitaciones derivadas de esa situación. De la tarea surgieron debilidades que refieren fundamentalmente a la necesidad de elaborar indicadores e implementar controles que aseguren el cumplimiento del marco legal y la integridad y confiabilidad de la información.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.