FORMACIÓN E INCLUSIÓN PARA EL TRABAJO.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la gestión de las transferencias del programa Formación e Inclusión para el Trabajo durante 2021, que financia capacitaciones y asistencia técnica y financiera a personas y unidades productivas mediante convenios con organizaciones e instituciones capacitadoras. La Auditoría encontró que no hay un área con responsabilidad clara sobre la ejecución y la rendición de cuentas del programa, y que hubo errores al asignar gastos en el presupuesto, tanto en algunos convenios como en otros programas y subsidios. También comprobó que no se evaluaron previamente los proyectos presentados por las organizaciones, que no se supervisó el cumplimiento de los convenios y que las metas del programa se midieron de forma incompleta y con una unidad de medida inadecuada. Concluye que hay que fortalecer los controles internos, corregir la asignación presupuestaria y fijar reglas claras de convocatoria y de pago a las instituciones, aunque destaca la buena documentación presentada por las organizaciones y que parte de las observaciones ya se incorporaron a reglamentaciones de nuevos programas.

• No se delimitó en un área específica la responsabilidad por la ejecución y la rendición de cuentas de los resultados del programa, lo que representa una debilidad del ambiente de control interno.
• La normativa del programa no establece mecanismos de difusión para las convocatorias ni determina de manera cuantitativa los parámetros para fijar y actualizar la contraprestación que se abona a las instituciones capacitadoras.
• Se detectaron incorrectas imputaciones presupuestarias: en 3 convenios y 1 acta complementaria por $17.447.820 con objeto ajeno al programa, en gastos del programa Veredas Limpias, en una transferencia a una asociación civil y en 144 subsidios de la Línea de Asistencia Económica por $27.506.381.
• En 12 convenios (el 41,4% de los correspondientes al objeto propio del programa) la Dirección General de Economía Popular y Social, autoridad de ejecución según la normativa, no tuvo intervención.
• En la totalidad de los convenios analizados no se acreditó la evaluación previa de los proyectos institucionales ni se definieron las tareas y la periodicidad de la supervisión, y en los gestionados por la DGEPS no se verificaron tareas de supervisión del cumplimiento de las cláusulas.
• Las metas físicas se cuantificaron solo con la producción del último trimestre, la unidad de medida empleada no resulta adecuada para reflejar la producción del programa y las metas programadas no fueron redefinidas pese a los cambios de contexto por la pandemia.

La Auditoría concluyó que es necesario fortalecer el ambiente de control interno delimitando en un área específica la responsabilidad por la ejecución y rendición de cuentas del programa, asegurar la correcta imputación presupuestaria de gastos y convenios, y establecer por normativa mecanismos de difusión de convocatorias y parámetros para las prestaciones a las instituciones capacitadoras. Destacó también el significativo grado de cumplimiento de la documentación presentada por las instituciones y que parte de las observaciones fueron tenidas en cuenta en reglamentaciones de nuevos programas.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.