SISTEMAS DE REGISTRACIÓN DE LA DDJJ DE FUNCIONARIOS EN TODO EL GCBA.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires relevaró durante 2019 los sistemas informáticos utilizados para registrar las declaraciones juradas de funcionarios del Gobierno de la Ciudad, según lo establecido por la ley de Ética Pública vigente. Encontró que el sistema no se integra bien con otras plataformas del Estado (como la de expedientes o la de sueldos), que no guarda los datos cargados en sus propias bases, que no permite hacer seguimiento de vencimientos ni genera alertas ni controles automáticos. También señala que, durante la auditoría, se sancionó una nueva ley de Integridad Pública que cambió la autoridad de aplicación y dejó el proceso en transición. Concluye que el informe puede servir como insumo para que la nueva oficina decida si mejorar el sistema actual o desarrollar uno nuevo.

• El sistema no se integra debidamente con otros sistemas como SADE o Meta4, por lo que podrían operarlo todos los usuarios dados de alta en SADE y no sólo los funcionarios obligados.
• El sistema es exclusivamente transaccional y no almacena los datos de las DDJJ ingresadas, lo que limita el desarrollo de funcionalidades, controles y mejoras a la experiencia del usuario.
• El sistema carece de una funcionalidad de seguimiento de las presentaciones de DDJJ (fechas, plazos, vencimientos, intimaciones, sanciones), obligando a los usuarios a registrar esos datos manualmente en otras herramientas.
• El sistema no ofrece informes, alertas, notificaciones ni controles automáticos sobre sujetos obligados, vencimientos, presentaciones o incumplimientos.
• La pandemia y las medidas de aislamiento impidieron realizar verificaciones presenciales, y no pudo relevarse el funcionamiento, desarrollos y tecnologías del sistema de DDJJ del GCABA.
• Durante la auditoría se sancionó la nueva Ley 6357, que derogó la Ley 4895, creó la Oficina de Integridad Pública (aún no constituida al momento del informe) y dejó en transición la administración del sistema.

La Auditoría concluye que el sistema presenta debilidades que deberían subsanarse (mejor integración con GEDO, registración de datos en bases propias, funcionalidades de seguimiento y controles) y que el informe puede servir como insumo a la nueva Oficina de Ética Pública para decidir entre mejorar el software actual o desarrollar uno nuevo. Además, plantea que el Estado ya posee en distintos organismos casi toda la información que exige a los funcionarios en sus declaraciones juradas.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.