CEAMSE – TRANSFERENCIAS DEL GCBA.

La Auditoría General de la Ciudad evaluó las transferencias de fondos que el Gobierno de la Ciudad realizó al CEAMSE durante 2018, en el marco de un programa que financia a esa empresa estatal. Verificó que esos fondos podían girarse directamente a la cuenta del CEAMSE o, mediante un acuerdo de 2017, cederse a proveedores de la empresa. La auditoría encontró que el Ministerio de Hacienda no elaboró informes jurídicos previos ni publicó las resoluciones que aprobaban las transferencias, y que el dictamen del área jurídica del CEAMSE sobre ese acuerdo no fue completo. Concluye que el proceso de transferencias presenta debilidades en el control de la legalidad y recomienda reforzar ese control.

• No se hallaron constancias de informes jurídicos elaborados por la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio en los expedientes revisados, lo que afecta el control de legalidad de las transferencias de fondos públicos.
• Las resoluciones que aprobaron las transferencias no fueron publicadas en el Boletín Oficial ni se hallaron constancias de sus comunicaciones (salvo la Resolución N° 1647/MEFGC/18), lo que afecta su eficacia y debilita la transparencia de los actos de gobierno.
• La intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CEAMSE sobre la addenda de 2017 no configuró técnicamente un dictamen jurídico, por no abarcar la totalidad del plexo normativo ni analizar las implicancias del mecanismo de pago propuesto.
• La documentación que CEAMSE puso a disposición de la auditoría resultó insuficiente y disgregada, y su respuesta a lo solicitado fue parcial.
• Desde la addenda firmada en 2017 con la contratista Benito Roggio-Tecsan SA UTE se habilitó un mecanismo habitual de cesión de créditos por el cual el GCBA transfería montos directamente a cuentas de cesionarios de la empresa estatal.
• La evaluación de las transferencias resultó difícil de ejecutar solo con la información suministrada por CEAMSE, por lo que la auditoría debió recurrir al sistema SIGAF para acceder a las normas y expedientes que ordenaron los pagos.

La auditoría identificó debilidades en el control de la legalidad del proceso de transferencias de fondos, desde la solicitud por la sociedad hasta su efectiva liquidación, y considera indispensable que el órgano ejecutor realice el control de legalidad correspondiente, tanto para los aportes de capital como para las cesiones de créditos, en la medida que exista dicho control en las instancias que corresponda.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.