DEUDA 2016.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó la deuda del gobierno porteño del ejercicio 2016: cuánto debía la Ciudad al comenzar y al cerrar el año según la Cuenta de Inversión de ese año, incluyendo deuda pública y no pública, y cómo se ejecutó el presupuesto destinado a pagar intereses y amortización de esa deuda, bajo responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Al cierre de 2016 la deuda total sumaba unos 71.481 millones de pesos. La Auditoría encontró que el estado de deuda no surge del sistema contable integrado del gobierno sino de registros que arma el área de Crédito Público, lo que dificulta verificar que esté completo, y que la Cuenta de Inversión no informa sobre posibles deudas futuras por juicios en los que la Ciudad es demandada ni actualiza la situación de los reclamos mutuos entre la Nación y la Ciudad. También observó que el dinero disponible en caja y bancos solo cubre el 22,20% de los gastos ya comprometidos y sin pagar, que hay un acreedor sin identificar por 284 millones de pesos y saldos de deuda de años anteriores sin explicación. Pese a ello, concluyó que, salvo los errores de valuación y exposición detectados y sujeto a esas incertidumbres, los estados de deuda y de ejecución presupuestaria presentan razonablemente la información correspondiente.

• El Estado de la Deuda Pública no surge del sistema integrado de gestión administrativa y financiera sino de registros que confecciona la Dirección General de Crédito Público, lo que obstaculiza comprobar la integridad del stock de deuda.
• No fue posible determinar la razonabilidad e integridad de las sumas por los reclamos mutuos entre el Gobierno Nacional y la Ciudad, cuya incertidumbre creció tras la derogación de la ley de adhesión al régimen de responsabilidad fiscal y la autoexclusión de la Ciudad de las negociaciones con la Nación.
• La Cuenta de Inversión 2016 no expone las deudas eventuales por juicios en trámite en los que la Ciudad es demandada o codemandada, lo que impide auditar la integridad de esa deuda y la razonabilidad de la previsión para juicios constituida.
• Al 31-12-16 las disponibilidades en caja y bancos ($4.671,47 millones) cubren solo el 22,20% del gasto devengado no pagado ($21.043,08 millones), en incumplimiento del requisito del artículo 69 de la Ley 70, y en la formulación del presupuesto no se estiman recursos para hacer frente al endeudamiento flotante.
• La deuda flotante incluye un ítem de "Ejecución sin gestión" por $284 millones sin acreedor identificado, saldos de los ejercicios 2004 a 2015 por $938,43 millones sin explicación, y un devengamiento tardío de servicios de 2016 que subvalúa el pasivo del ejercicio auditado.
• La información sobre títulos públicos y letras del Tesoro es insuficiente para evaluar la eficacia de los empréstitos y verificar las pautas de emisión, y la Cuenta de Inversión no incluye un capítulo de sustentabilidad financiera.

Sujeto a las limitaciones al alcance, que generan incertidumbre por los reclamos judiciales mutuos entre Nación y Ciudad y por la falta de exposición de deudas eventuales de juicios, y excepto por los errores de valuación y/o exposición observados, la Auditoría opina que el Estado de la Deuda (Tomo 3) y el Estado de Ejecución Presupuestaria del Gasto (Jurisdicción 98, Programas 16 y 17) de la Cuenta de Inversión 2016 presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de la deuda pública y no pública y la ejecución presupuestaria del gasto.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.