DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE INVERSIONES.

La Auditoría General de la Ciudad examinó cómo gestionó la Dirección General de Promoción de Inversiones, que dependía de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, los programas de atracción de inversiones y de atención al inversor durante el año 2017. Encontró que los programas no se actualizaron tras una reestructuración del organismo, que varias actividades previstas nunca se realizaron y que no se pudo verificar cuántas empresas asistieron realmente a los eventos, porque los registros no individualizaban a los participantes. También detectó que se usó de manera frecuente la vía de compras urgentes para contratar servicios que no cumplían los requisitos de esa figura, con gastos efectuados incluso antes de abrir el expediente. Además, señaló fallas administrativas en varios expedientes, la falta de manuales de procedimientos y problemas en el portal Puente Global. Por todo esto, la Auditoría no emitió una opinión favorable y concluyó que la gestión no alcanzó los niveles de eficacia y eficiencia previstos para 2017.

• Los programas 61 y 68, que representaban todo el presupuesto de la Subsecretaría, fueron formulados para una estructura que se modificó a fines de 2016 y no se adecuaron a la nueva organización ni se pidió formalmente su reformulación.
• No se realizaron varias actividades previstas en el Programa 61, como una estrategia integral de desarrollo económico, planes de comunicación internacional, nuevas estrategias para radicar empresas audiovisuales y una estrategia logística para el sur de la Ciudad.
• Las metas físicas informadas no pudieron verificarse porque el registro de participantes sin individualizar impide saber si se contó más de una vez a las mismas empresas, inflando el total de empresas asistidas.
• Doce expedientes de las muestras, por más de 12 millones de pesos, se tramitaron como compras urgentes sin cumplir los requisitos legales: el gasto ya estaba hecho antes de abrir el expediente, no encajaba en el supuesto legal y el gasto no se registró cuando correspondía, además de contradecir principios de libre competencia, publicidad y transparencia.
• Se contrató por compras urgentes una tasación de cuatro grandes inmuebles públicos pese a que el Banco Ciudad tiene un sector específico de tasaciones y es el único organismo habilitado para cotizar, y con los presupuestos no ganadores fechados después del informe del proveedor elegido.
• Nueve de los 33 expedientes analizados presentaban deficiencias administrativas y de publicidad (órdenes de compra emitidas después del servicio, beneficiarios de pasajes no identificados, resoluciones sin publicar en el Boletín Oficial), a lo que se suman una disposición que exigía un género determinado para conducir un evento en contra de la ley antidiscriminación, la falta de manuales de procedimientos y fallas en las bases y el mantenimiento del portal Puente Global.

La Auditoría observó falencias administrativas, debilidades en el control interno e incumplimientos a las normas vigentes, y no pudo corroborar que se alcanzaran en su totalidad los objetivos previstos; además, señaló que el decreto de compras urgentes no es una forma de selección de proveedores y no garantiza la transparencia. Por ello, no emitió una opinión favorable y concluyó que la gestión no alcanzó los niveles de eficacia y eficiencia previstos para el año 2017.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.