DISTRITO DE LAS ARTES. ESTIMULO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y LA CULTURA.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó durante 2017 el funcionamiento del Programa 'Distrito de las Artes', que promueve el desarrollo económico y la cultura en esa zona de la Ciudad. La Auditoría encontró que la mayor parte del dinero del programa se gastó en acciones sin relación directa con el Distrito (principalmente Art-Basel), con contrataciones que carecían de documentación básica y con pagos de servicios ya prestados. También detectó que la intermediación de una empresa estatal para contratar una 'auditoría cultural' generó costos adicionales sin justificación y sin poder verificar cuánto costaba realmente el servicio. Además, los trámites para que los beneficiarios reciban las exenciones impositivas prometidas demoran mucho, lo que resta efectividad a la política.

• La meta del programa se definió en términos de demanda y la unidad de medida 'Beneficiario' no guarda relación con la meta establecida ni con la ejecución financiera.
• Se tramitaron contrataciones por unos $31 millones cuyo objeto no tiene relación directa con el Distrito de las Artes, y en algunos casos faltaron pliegos de condiciones o contratos firmados por autoridad competente.
• La Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección General de Industrias Creativas se apartaron de los procedimientos del régimen de compras y contrataciones (Ley 2.095) mediante la aplicación del Decreto 433/16, sin justificación previa adecuada en ninguno de los casos analizados.
• No se justificó administrativamente el uso de UBATEC SA como intermediaria para administrar fondos de una 'auditoría cultural' por $5.959.041, lo que generó costos adicionales e impide evaluar la razonabilidad del monto pagado, cuyo producido tampoco consta en los registros.
• En la totalidad de las operaciones analizadas, la solicitud de gastos es posterior a la prestación del servicio o entrega de los bienes, y en un caso se contrató sin adjudicar a la firma de menor precio, con un incremento del 97% respecto del valor de antecedente, sin justificación técnica.
• La AGIP demoró en promedio unos 660 días en dictar los actos administrativos que otorgan las exenciones a los inscriptos en el Registro del Distrito, y en varios casos se detectaron deudas de ABL al momento de la inscripción, contrariando lo previsto por la norma.

Resulta problemático identificar cuál es el área de gobierno que ejerce la autoridad de aplicación de la Ley 4353, lo que dificulta asignar responsabilidades. La mayor parte del gasto del programa se destinó a acciones sin relación directa con el Distrito de las Artes, las contrataciones carecieron de elementos administrativos básicos y la demora de AGIP impide que los incentivos de la ley logren su aplicación, afectando la efectividad de la política pública.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.