DECLARACIONES JURADAS DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL.

La Auditoría General de la Ciudad revisó si, durante 2015, los funcionarios y agentes de la Agencia Gubernamental de Control presentaron como manda la Ley de Ética Pública sus declaraciones juradas patrimoniales. Encontró que no existe un registro unificado y completo de quiénes están obligados a presentarlas, que las listas de obligados difieren según la fuente consultada y que el Boletín Oficial solo publicó siete de las dieciocho declaraciones presentadas en tiempo. También observó que la Autoridad de Aplicación de la ley estuvo vacante durante períodos prolongados y que las designaciones se apartaron de los mecanismos previstos. La Auditoría concluye que el cumplimiento es bajo y advierte que estas observaciones se repiten año tras año, lo que puede desalentar el cumplimiento de los obligados.

• No existía un registro unificado, actualizado y completo de los agentes obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, lo que dificultó reconstruir con exactitud el universo de funcionarios obligados.
• Las designaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de titular de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética se apartaron de los mecanismos legales y reglamentarios previstos.
• Desde la entrada en vigencia de la ley hasta el dictado del Decreto N° 24/2015 no existió Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública, y entre la renuncia del titular en diciembre de 2015 y la nueva designación el 1 de julio de 2017 el cargo estuvo vacante 557 días.
• Al cotejar la información provista por la Agencia de Control Gubernamental con la remitida por la Subsecretaría de Recursos Humanos se detectaron diferencias en la nómina de sujetos obligados.
• El Boletín Oficial solo incluyó siete de las dieciocho declaraciones juradas presentadas oportunamente, y el incumplimiento se estimó en 27,77% según la información de la AGC, elevándose a 61,11% si se considera la publicación en el Boletín Oficial.
• Las intimaciones analizadas fueron efectuadas por los responsables de las áreas de recursos humanos y no por la Autoridad de Aplicación, como preveía la normativa vigente.

Se evidencia un bajo grado de cumplimiento con lo establecido en la Ley de Ética Pública en general y con la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales en particular, además de la falta de designación de la Autoridad de Aplicación durante un período. Las observaciones son recurrentes en los informes anuales de la Auditoría, lo que puede incidir negativamente en el cumplimiento de los agentes obligados.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.