Jardín Zoológico.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el contrato por el que una empresa privada explota el predio del Jardín Zoológico, desde el inicio de la última concesión en diciembre de 2012 hasta diciembre de 2015. Encontró que la Dirección General de Concesiones, el área del Gobierno que supervisa esa concesión, hizo un control deficiente: modificó las condiciones de la licitación después de adjudicada, no aplicó sanciones ante los incumplimientos y dejó de verificar muchas obligaciones del contrato. La empresa concesionaria también incumplió en varios aspectos, con problemas de seguridad en los recintos de los animales, falta de señalización, publicidad excesiva y un aumento del precio de la entrada del 533%, muy por encima de la inflación del período. Además, se autorizaron refinanciaciones y una compensación de más de tres millones de pesos sin los análisis ni los respaldos correspondientes, lo que según la Auditoría llevó a un perjuicio económico para la Ciudad. La conclusión es que, en lo legal, técnico y financiero, el organismo auditado no alcanzó los objetivos previstos.

• La Dirección General de Concesiones efectuó seis modificaciones al pliego de bases y condiciones particulares con posterioridad a la adjudicación, excediendo las atribuciones que las normas le confieren y vulnerando los principios de concurrencia e igualdad de la Ley Nº 2095.
• El organismo de control realizó controles deficientes y omitió controlar numerosos ítems del contrato, como las habilitaciones de subconcesionarios iniciadas en 2008 y nunca resueltas, el plan de obras y esculturas, la oferta educativa, la publicidad, la arboleda y la colección faunística.
• No se aplicaron sanciones ante los diferentes incumplimientos del concesionario, pese a que existieron numerosas causas de caducidad de la concesión durante el trienio auditado.
• La empresa concesionaria JZSA incurrió en múltiples incumplimientos: problemas de seguridad en varios recintos de animales, inadecuado manejo de la cuarentena, un libro de necropsias irregular, falta del plan de manejo sanitario, publicidad no permitida, pagos de cánones y solo el 1,1% de personas con necesidades especiales en su dotación cuando la Constitución de la Ciudad exige el 5%.
• La Dirección General de Concesiones autorizó una compensación de $3.364.258 por la demolición de un área gastronómica que había sido construida sin permiso en 1998, basándose en un contrato de subconcesión no legalizado.
• Los análisis del organismo fueron incorrectos en temas como el precio de la entrada (que aumentó 533% desde el inicio de la concesión contra una inflación de 95%) y las refinanciaciones de cánones, y diez disposiciones no fueron publicadas en el Boletín Oficial, en contradicción con el principio de transparencia.

Se observan importantes falencias de gestión, debilidades de control interno y sustanciales incumplimientos de la normativa vigente por parte de la Dirección General de Concesiones, como así también significativos incumplimientos por parte del concesionario JZSA; además, se vulneraron principios elementales de una licitación pública como la concurrencia, la igualdad y la transparencia, y se otorgaron refinanciaciones y compensaciones que llevaron a un perjuicio económico para la Ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista legal, técnico y financiero, el organismo auditado no alcanzó los objetivos previstos en el período examinado.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.