Ministerio Público de la Defensa.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó las compras y contrataciones del Ministerio Público de la Defensa durante el año 2012, incluyendo contrataciones propias, conjuntas con la Fiscalía o el Consejo de la Magistratura, y contratos de locación de servicios. Encontró que los procesos de compra tienen fallas formales: faltan constancias de publicaciones obligatorias, las órdenes de compra a veces las firma personal no autorizada, y los expedientes no siempre contienen toda la documentación. En los contratos de personal contratado, no se publicaron en la web las personas contratadas ni siempre se registraron bien las certificaciones de servicios. Aun así, la Auditoría concluyó que, pese a estos incumplimientos formales, las contrataciones en general son gestionadas correctamente y recomienda adoptar mecanismos para mejorar la tramitación y publicidad de los expedientes.

• En el 100% de los expedientes relevados del fondo permanente, las invitaciones a oferentes no indicaban el plazo de validez de las ofertas, la garantía del bien ni el detalle de la forma de pago.
• En 4 de 5 expedientes del fondo permanente, la orden de compra fue firmada por el Jefe de Compras y Contrataciones en lugar del titular de la Oficina de Administración y Financiera, sin delegación que lo autorice.
• En varios expedientes de contrataciones propias y conjuntas faltaron constancias de publicaciones exigidas: del dictamen de evaluación de ofertas, de adjudicaciones en la web o en el Boletín Oficial.
• En dos expedientes el dictamen de evaluación de ofertas fue firmado por solo dos miembros de la comisión, cuando la norma exige un mínimo de tres.
• En las contrataciones conjuntas con el Consejo de la Magistratura no consta la publicación de la adjudicación, la invitación a la Defensoría a adherirse, ni el cumplimiento de ciertos pasos del procedimiento de cotización.
• En los contratos de locación de servicios no se cumplió con la publicación en la web del MPD de las personas contratadas, y algunas certificaciones carecían de fecha o de documentación de pagos con cheques reemplazados.

Las contrataciones llevadas a cabo por el MPD, si bien adolecen de incumplimientos formales a las prescripciones de la Ley 2095 y a su propia reglamentación, en general son gestionadas correctamente. Se advirtió que el expediente no es autosuficiente, sobre todo por la ausencia de constancias de publicaciones de actos administrativos importantes, y el MPD debería adoptar mecanismos para cumplir con el circuito de tramitación de las compras conjuntas y con la publicación web del personal contratado.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.