Inclusión Escolar.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó, correspondiente al año 2010, los aspectos legales y financieros de las contrataciones, adjudicaciones y pagos de servicios del Programa 32 (Extensión Educativa y Recreativa y Vacaciones en la Escuela), a cargo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación. La Auditoría encontró que el organismo no cuenta con un plan anual de compras y contrataciones como exige la ley, que la información sobre el personal presentaba deficiencias y que la falta de acceso a varias actuaciones impidió analizar gran parte de las contrataciones seleccionadas. En el servicio de transporte escolar detectó que el pliego de condiciones tenía imprecisiones, no exigía antecedentes penales del personal y que la fiscalización del adjudicatario fue insuficiente o inexistente en algunos casos. También observó que el alquiler de predios se aprobó por una vía que no era la que correspondía según la ley. La demora del organismo en aportar la información solicitada atrasó cuatro meses las tareas de auditoría.

• El organismo auditado no cuenta con un plan anual de compras y contrataciones, tal como lo exige la Ley Nº 2095.
• La base de datos de personal del año 2010 presenta deficiencias e inconsistencias: no está foliada ni firmada, no incluye la totalidad del personal del Programa Vacaciones en la Escuela ni los contratos de dos agentes, y no permite establecer cuánto personal se desempeñó en cada programa.
• La falta de acceso a la totalidad de las actuaciones seleccionadas impidió analizar 3 de las 5 actuaciones de la muestra, afectando el control del 88% del monto involucrado.
• En la Licitación Pública Nº 145/SIGAF/2009 (servicio de transporte escolar ciclo lectivo 2010), el pliego no contiene el cronograma de servicios y horarios, las especificaciones técnicas carecen de precisión y no exige certificados de antecedentes penales para los conductores y celadores del adjudicatario.
• La fiscalización y control de las obligaciones del adjudicatario del servicio de transporte resultan insuficientes y en algunos casos inexistentes, y los remitos no discriminan los servicios realizados y son conformados por la Directora Operativa de Extensión Educativa y Recreativa en lugar del establecimiento escolar usuario del servicio.
• El gasto del alquiler de predios se aprobó mediante Decreto Nº 400/GCBA/08 cuando debió haberse contratado bajo el régimen de excepciones previsto en la Ley Nº 2095.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.