Polo Sur Cultural.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó las obras del Polo Sur Cultural, que comprende el Museo de Arte Moderno y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, durante los años 2005, 2006 y 2007. La licitación original fue cuestionada por el BID y la Procuración General, que entendieron que debía declararse desierta y llamarse a una nueva. Además, la obra avanzó muy poco respecto de lo planificado y la administración no aplicó sanciones a la contratista ni gestionó con celeridad las redeterminaciones de precios. La Auditoría concluye que hubo falta de celeridad y eficiencia en la gestión del contrato, con perjuicio económico para el erario público y riesgo para el patrimonio cultural.

• Hubo falta de transparencia en el proceso licitatorio: los oferentes se basaron en pliegos distintos y existió filtración de información confidencial, por lo que el BID recomendó declarar desierta la licitación.
• La obra fue licitada solo sobre la base de un anteproyecto y recién obtuvo el proyecto ejecutivo a fines de 2007, sin que al cierre del período auditado constara uno completo.
• No se aplicaron sanciones a la contratista por incumplimiento de plazos ni por el bajo ritmo de obra, cuyo avance era muy inferior al planificado (por ejemplo, 1,39% contra un 11,42% previsto al 2005).
• Las actuaciones se encontraban dispersas y sin sistematización, y las comisiones de evaluación y redeterminación de precios demoraron hasta casi dos años en expedirse.
• El GCBA no reflejó en los planes plurianuales de inversiones el costo real de la obra ni los montos redeterminados, y las comisiones usaron valores desactualizados.
• El patrimonio edilicio quedó desprotegido durante las paralizaciones, con inactividad prolongada y medidas de seguridad insuficientes para los edificios.

La Auditoría concluye que los hechos evidencian la falta de celeridad y eficiencia de la Administración en la gestión del contrato, lo que propició la neutralización de plazos, la paralización de los trabajos y el atraso de la obra, con perjuicio económico para el erario público. Recomienda elevar a Procuración General si corresponde la rescisión del contrato de la LPI 157/99 y dar seguimiento en futuras auditorías.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.