Declaraciones Juradas de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana.

La Auditoría General de la Ciudad revisó si los funcionarios de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales durante 2004, como exige la Constitución de la Ciudad. Encontró que no existen instrucciones internas para realizar el trámite, que no se hace un seguimiento adecuado de quienes no cumplen y que la Escribanía General de Gobierno no registra las intimaciones a los funcionarios incumplidores. Además, como en la Secretaría de Seguridad el trámite no está centralizado, la Auditoría tuvo que reconstruir la lista de funcionarios obligados apelando a distintas fuentes, sin poder asegurar que quedara completa. Concluye que no se conoce con precisión el conjunto de funcionarios obligados a presentar la declaración, que no se sigue a los incumplidores y que el control general sobre el tema es deficiente.

• No existen instructivos internos para llevar a cabo los procedimientos de las declaraciones juradas.
• No hay un adecuado seguimiento de los incumplimientos.
• La Escribanía General de Gobierno de la Ciudad no registra las intimaciones a funcionarios que incumplieron su obligación.
• No hay un archivo único y actualizado de los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas que permita hacer un adecuado seguimiento de los incumplimientos.
• En la Secretaría de Seguridad el trámite de las declaraciones juradas no está centralizado, por lo que hubo que reconstruir el listado de funcionarios obligados con diferentes fuentes de información, sin poder asegurar que la reconstrucción fuera completa.
• Durante 2004 se modificó el régimen vigente, lo que implicó reasignación de responsabilidades, ampliación del personal obligado y la necesidad de cumplir dos marcos normativos distintos en un mismo período.

La normativa es confusa respecto de la necesidad de centralizar en una sola instancia las tareas parciales que sobre el tema realizan las diferentes Áreas de Personal de la Secretaría, lo que se traduce en la falta de un archivo único y actualizado de funcionarios obligados y de un instructivo interno que unifique criterios. Asimismo, que el proceso de intimación a los funcionarios que no cumplen su obligación se limite a la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad es insuficiente como mecanismo de control del proceso.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.