Ciberapuestas: una tragedia social a cambio del 0,09% de la recaudación de la ciudad

De cada mil pesos que administra la Ciudad de Buenos Aires, menos de uno llega por las apuestas online.

Según datos recabados por el equipo de Ciudad Abierta, lo que recauda la Lotería de la Ciudad sobre el negocio de las ciberapuestas representa apenas el 0,09% del presupuesto porteño. No es un error de tipeo, vamos a repetirlo: las ciberapuestas le dejan a la Ciudad, en concepto de canon, ni siquiera una décima parte del 1% de su recaudación anual.

Si lo expresamos en dólares: de los 12 mil millones que espera recaudar la Ciudad este año, apenas 11 millones de dólares vendrán de las casas de apuestas online.

Este dato sería apenas una curiosidad contable si no fuera por dos cosas. La primera, el enorme daño social que produce esta actividad. La segunda, que según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el negocio del juego debería ser exclusivo de la Ciudad.

El artículo 50 de la Constitución de la Ciudad establece:

«La Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social.»

Esto significa al menos tres cosas:

• El juego es del Estado porteño. No es una actividad libre para privados: la Ciudad lo regula, lo administra y lo explota.
• No se puede privatizar ni conceder. La única excepción son las agencias de distribución y expendio, es decir, las bocas de venta como las agencias de lotería de barrio.
• La plata tiene destino fijo. Lo que produce el juego no entra a la caja general: va a asistencia y desarrollo social.

Las preguntas que nadie responde

La primera es sencilla: si la Constitución dice que el juego no se concede a privados, ¿cómo llegamos a tener casas de apuestas privadas operando con licencia oficial en cada celular de la Ciudad?

La segunda tiene que ver con el destino de la plata. La Constitución determina que lo producido por el juego vaya a asistencia y desarrollo social. ¿Cuánto de esos fondos llega efectivamente a ese destino? ¿Y cuánto le cuesta a la propia Ciudad, en salud mental, en asistencia y en endeudamiento de las familias, el daño que genera el juego que habilita?

Son preguntas que cualquier vecino tiene derecho a hacer, y que el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de responder con datos públicos.

Las tres falacias que sostienen el negocio del juego

Cada vez que se propone regular las apuestas online con dureza, aparece el mismo repertorio de argumentos: que el Estado necesita la recaudación, que prohibir no funciona y que se trata de libertad individual.

Vale la pena desarmar cada uno de estos argumentos, porque no son ideas nuevas: son falacias gastadas y conocidas.

La falacia de la recaudación

El primer argumento es fiscal: si no lo regulamos nosotros, el jugador apuesta en plataformas offshore o ilegales y el Estado no recauda nada.

Ya vimos cuánto recauda realmente la Ciudad. Si esa plata fuera decisiva para sostener escuelas u hospitales, el argumento tendría algún peso. Pero cuando representa menos de un peso de cada mil, sostenerla como excusa para no restringir la publicidad, no limitar montos o no bloquear el acceso de menores deja de ser una necesidad de caja y pasa a ser, directamente, una elección política: se prioriza una porción ínfima de ingresos por sobre el costo social de la ludopatía.

Es cierto que existe fuga hacia sitios sin licencia. Pero ese mismo razonamiento, llevado al extremo, también podría aplicarse a la droga, y no por eso el Estado decide regularla. Y hay algo más de fondo: ¿por qué asumimos que regular el mercado legal hace decrecer al ilegal?

La evidencia académica dice lo contrario. Una revisión de más de setenta estudios concluyó que, a mayor exposición a la publicidad de apuestas, mayor participación en el juego, y que los más afectados son los jóvenes y quienes ya están en riesgo (Public Health, 2023).

Si el efecto de la publicidad es agrandar la torta del juego en general, no hay razón para pensar que esa torta más grande no incluya también al circuito ilegal.

Cuando el criterio de éxito de una política pública pasa a ser «cuánto entra en la caja», el Estado empieza a ser cómplice del problema. Y en este caso, ni siquiera entra mucho.

La falacia de la ley seca

El segundo argumento toma la historia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años ’20, cuando el negocio pasó a la clandestinidad, se perdió el control sanitario y se le regaló una cantera de dinero al crimen organizado.

Es un argumento serio, pero fuera de contexto y, por lo tanto, desnaturalizado.

Nadie propone prohibir el juego como ocurrió con el alcohol. Se propone regularlo con reglas estrictas de publicidad, prohibición de acceso a menores, límites a las pérdidas, restricciones al circuito de las billeteras virtuales y el cierre del circuito que conecta al prestamista con la apuesta, entre otras cosas.

Es el mismo camino que ya se recorrió con el tabaco, sin necesidad de prohibirlo. Mucha gente sigue fumando, pero en proporciones mucho menores que en los años ’70, y quienes lo hacen conocen sus riesgos.

Pero el dato más incómodo para quienes agitan el fantasma de la ley seca es que el problema del juego crece a pesar de la regulación existente, no por falta de ella.

En Estados Unidos, desde que la Corte Suprema habilitó las apuestas deportivas en 2018, las líneas de ayuda para ludopatía vienen registrando aumentos sostenidos de llamados, con perfiles cada vez más jóvenes y casos más severos, que incluyen quiebras, pérdida de la vivienda y rupturas familiares (NBC News, 2024).

La publicidad de apuestas se concentra alrededor del deporte, y afecta sobre todo a quienes ya tienen problemas con el juego. En el Reino Unido, ante el desprestigio social, las casas de apuestas se autorregularon con una medida llamada whistle-to-whistle ban («de silbato a silbato»): la obligación de interrumpir la publicidad desde cinco minutos antes del inicio de un partido de fútbol hasta cinco minutos después de su finalización (McGrane y otros, 2024).

La «ley seca» no es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos es una industria que crece más rápido que cualquier marco que intente contenerla.

La falacia de la libertad

El tercer argumento apela a la libertad individual: cada adulto es dueño de decidir qué hacer con su dinero y el Estado no debería meterse.

Este argumento ignora el diseño mismo de las plataformas, pensadas por psicólogos conductuales y equipos de datos para maximizar el tiempo de exposición y la frecuencia de apuesta. Difícilmente pueda hablarse de libertad plena cuando la interfaz está diseñada para explotar sesgos cognitivos, producir dependencia y generar adicción.

En agosto de este año, Meta aceptó pagar 17.000 millones de dólares para cerrar las demandas de fiscales generales de decenas de estados de EE. UU. que la acusaban de diseñar deliberadamente funciones adictivas en Facebook e Instagram (Euronews, 2026).

No fue una multa impuesta por un juez: fue un acuerdo que la propia empresa prefirió pagar antes que exponer en un tribunal cómo se construyen esos mecanismos de enganche. Si Meta hubiera confiado en que sus usuarios eligen «libremente» cuánto tiempo pasar en la app, habría ido a juicio. Pagó para no tener que demostrarlo.

Las plataformas de ciberapuestas trabajan con la misma lógica: notificaciones push calculadas para el momento de mayor vulnerabilidad, bonos que se activan justo cuando el usuario deja de apostar, diseños que hacen casi invisible el botón para autoexcluirse.

Si ni siquiera las redes sociales, que no manejan dinero real del usuario, pueden sostener que el enganche es una simple decisión libre, es todavía más difícil sostenerlo en una industria que factura directamente sobre cada apuesta perdida.

La libertad individual es un principio real y valioso, pero no puede invocarse para blindar un diseño hecho, explícitamente, para erosionarla.

Política y ciberapuestas

Conviene decir lo que casi nadie dice en voz alta: la industria del juego online se volvió un actor con peso político propio. Financia publicidad masiva, contrata celebridades y despliega su influencia contra cualquier proyecto que restrinja su negocio.

No es casual que los intentos de limitar la publicidad de apuestas avancen tan lento. Cuando una industria crece año tras año y el Estado es a la vez su socio y su regulador, la sospecha de una alianza de intereses es inevitable. Por eso la transparencia no es un detalle: es la condición mínima para recuperar la confianza.

Cumplir lo que ya está escrito

No hay una sola falacia, sino una red de justificaciones que se sostienen entre sí. Cada una, por separado, parece razonable; juntas, arman la coartada perfecta para no actuar.

En la Ciudad de Buenos Aires, esa red choca contra un texto constitucional que dice exactamente lo contrario: que el juego es del Estado, que no se concede a privados y que lo que produce es para quienes más lo necesitan. Y choca también contra un número: 0,09%. Lo repetimos: lo que la Ciudad recibe por el canon no llega ni a una décima parte del 1% de lo que recauda.

Podemos vivir mucho mejor sin ciberapuestas.

Fuentes

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 50.
• Ciudad Abierta, datos de recaudación de LOTBA / BA Bet sobre el presupuesto de la Ciudad (2026).
• «What is the evidence that advertising policies could have an impact on gambling-related harms? A systematic umbrella review of the literature», Public Health (2023).
• NBC News, «Gambling addiction hotlines say calls are up as online sports betting booms» (2024). https://www.nbcnews.com/health/mental-health/gambling-addiction-hotline-calls-online-sports-betting-rcna145539
• McGrane, E. y otros, «How did the ‘whistle-to-whistle’ ban affect gambling advertising on TV? A live football matching study», Addiction Research & Theory (2024).
• «Meta pagará 17.000 millones por las demandas sobre la adicción de menores a Facebook e Instagram», Euronews (agosto 2026).