Control formal de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires verificó el cumplimiento del artículo 56 de la Constitución de la Ciudad, que obliga a los funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas de bienes, tomando como referencia a los funcionarios que prestaron servicios durante 1998. El trabajo consistió en revisar la normativa aplicable, solicitar información a varios organismos (Hacienda y Finanzas, Subterráneos, Autopistas Urbanas, Banco de la Ciudad y Comisión Municipal de la Vivienda), cotejar la documentación recibida con los registros de la Escribanía General, entrevistar a funcionarios de esa Escribanía, hacer pruebas por muestreo y examinar las condiciones de manejo, custodia y seguridad de las declaraciones. La Auditoría señala que la norma fundamental es el artículo 56 de la Constitución y que, al momento del examen, no se habían sancionado normas que reglamenten ese mandato constitucional. Las páginas examinadas no alcanzan para conocer los hallazgos definitivos ni la conclusión del informe, ya que solo incluyen el objeto, el período, el alcance y las aclaraciones previas.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.