APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS COMUNITARIOS.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó, durante 2021, el servicio de apoyo alimentario a grupos comunitarios que brinda la Dirección General de Desarrollo Social, contratado a través de una licitación pública con nueve empresas adjudicatarias. Encontró debilidades de control interno, como una base de datos poco confiable para registrar las raciones entregadas y la falta de verificación de las raciones efectivamente distribuidas. También detectó que la ley que creó el programa nunca fue reglamentada, que el servicio se prestó en lugares no contemplados en el contrato y que hubo fallas en los controles de calidad de los alimentos y en las visitas de supervisión. Además, las multas por incumplimientos demoraron más de dos años en imponerse y los montos fueron muy bajos en proporción a las raciones entregadas. La Auditoría destaca, como punto positivo, que durante la emergencia sanitaria los servicios no se interrumpieron y que el Gobierno usó varias observaciones para mejorar el nuevo pliego de licitación.

• La base de datos utilizada (en formato Excel) para registrar la asignación y entrega de raciones no ofrece suficiente confiabilidad e integridad de la información y no registra la supervisión de autoridades superiores.
• El circuito administrativo-contable no contempla procedimientos para verificar las raciones efectivamente entregadas por las adjudicatarias ni el cumplimiento de formalidades de los remitos, y existen inconsistencias entre los montos informados por los sistemas UCSA y SIGAF.
• La Ley N° 2.956, que creó el programa, nunca fue reglamentada pese a que la propia ley fijaba un plazo máximo de sesenta días desde su promulgación en 2009.
• El servicio se prestó en Hogares Conveniados de Niños/as, una modalidad no contemplada en el objeto de la contratación, y las solicitudes de servicio se realizaron por correo electrónico (no institucional) en lugar de los partes establecidos en el pliego.
• Las adjudicatarias no acreditaron los seguros vigentes exigidos por el pliego, parte de ellas no realizaron controles de laboratorio de alimentos o no cumplieron la periodicidad mínima mensual, y el 31,25% de los grupos comunitarios no recibió visitas de supervisión durante 2021.
• Las multas por incumplimiento demoraron entre 693 y 804 días en imponerse y las penalidades previstas resultan bajas en proporción a las raciones entregadas; además, la Cuenta de Inversión 2021 expuso una meta física anual (92.250 personas alimentadas por día) distinta de la registrada en los informes de gestión (61.575).

La Auditoría concluyó que se identificaron debilidades de control interno que afectan la confiabilidad de la información sobre raciones asignadas y entregadas, falta de reglamentación de la ley creadora del programa y de manuales de procedimientos, e incumplimientos del pliego de bases y condiciones; al mismo tiempo destacó que en el marco de la emergencia sanitaria se dictaron normativas para readaptar las prestaciones sin interrumpir el servicio, y que el ente auditado usó las observaciones para mejorar el nuevo pliego de licitación.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.