ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS – GERENCIA DE LEGALES.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó los aspectos legales de los procedimientos de la Gerencia de Legales del Ente Regulador de Servicios Públicos, correspondientes al año 2019. Se revisaron especialmente los expedientes sumariales tramitados en esa área. La Auditoría encontró que la información aportada por el organismo no era totalmente confiable, que los instructores de sumarios eran designados sin la disposición formal exigida por la normativa interna, y que hubo demoras en varias etapas de los sumarios. También detectó demoras entre la emisión de multas y su notificación, lo que puede hacer perder valor económico a las multas. En conclusión, advirtió un incumplimiento de los plazos y del principio de celeridad que exige la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad.

• La base de datos del universo de expedientes aportada por el organismo careció de integridad y confiabilidad, ya que se detectaron diferencias con las Resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
• Los instructores de sumarios fueron designados mediante informes y no por disposición, como exige la Resolución N° 673/EURSP/16, sin que existiera una disposición que delegara esas funciones.
• En 7 expedientes sumariales (10.77%) no se cumplió el plazo de sustanciación y el instructor no solicitó prórroga.
• En 1 expediente (1.54%) no se encontró adjunto el dictamen final de la instrucción.
• En 5 expedientes (7.69%) se incumplió el plazo de 10 días hábiles para formular los cargos, y en 24 expedientes (36.92%) hubo dilación entre la aprobación de la Resolución y su notificación.
• En 2 expedientes (3.08%) hubo dilación entre la aprobación de la Resolución y la emisión del certificado de deuda, y las demoras entre la emisión de multas y su notificación ponen en riesgo su valor económico por depreciación monetaria.

La Auditoría concluyó que existió falta de integridad y confiabilidad en el universo aportado por el organismo, que las designaciones de instructores se hicieron sin la disposición exigida por la normativa interna, y que las dilaciones observadas reflejaron la inobservancia del principio de celeridad de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad. Además, señaló que las demoras entre la emisión de multas y su notificación ponen en riesgo su valor económico, y que corresponde arbitrar medidas para cumplir la normativa de gestión documental electrónica.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.