Dirección General Protección del Trabajo. Regularización de Micro y Pequeño Emprendimiento de la Industria Indumentaria.

La Auditoría General de la Ciudad examinó cómo gestionó la Dirección General de Protección del Trabajo, durante 2010, el programa de regularización de micro y pequeños emprendimientos de la industria de la indumentaria, que incluye el control de talleres con trabajo a domicilio y la entrega de subsidios. Encontró que el programa no tuvo una planificación adecuada, que el presupuesto estaba mal conformado y que no se pudo verificar correctamente la relación entre el dinero gastado y las metas cumplidas. Además, la mayor parte del dinero previsto para subsidios a los talleres terminó usándose para otros fines, y no se fiscalizó a los talleres porque la ley que los ampara nunca fue reglamentada. También hubo demoras y casos en que nunca se notificó a los talleres el resultado de las inspecciones. La Auditoría concluye que la gestión no puede evaluarse positivamente y pide que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

• La Dirección General de Protección del Trabajo no contaba con un Manual de Organización ni con un Manual de Normas y Procedimientos.
• Hubo falta de planificación de la meta física del programa y fallas en la formulación presupuestaria, sin consistencia entre el gasto devengado y la meta ejecutada ni documentación que la respaldara.
• El presupuesto incluyó una transferencia de fondos a una empresa privada (UBATEC S.A.), lo que la Auditoría señala como una falla en la determinación de la variable financiera del programa.
• Se detectó una falla de control interno en la guarda de actuados: la Dirección no puso a disposición de la Auditoría 33 actuaciones de inspecciones realizadas en 2010.
• Se registraron demoras en la elaboración de las providencias posteriores a las inspecciones y demoras o falta de notificación de esas providencias a los talleres inspeccionados.
• No se ejerció la fiscalización de los talleres con trabajo a domicilio por ausencia de reglamentación de la Ley 3.019, y más del 70% del presupuesto de subsidios ($750.000 de $1.063.353) se destinó a fines ajenos al programa.

La Auditoría concluye que existieron fallas en la conformación presupuestaria del programa, que los objetivos proyectados no se cumplieron y que las cuestiones señaladas no permiten evaluar positivamente la gestión en términos de economía, eficiencia y eficacia. Subraya la necesidad de que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 3.019 para hacer operativos los derechos y obligaciones tendientes a resolver el estado de emergencia laboral y de infraestructura que afecta a la micro y pequeña empresa de la industria de la indumentaria.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.