Declaraciones Juradas de los Funcionarios de la Jefatura de Gobierno.

La Auditoría General de la Ciudad verificó si los funcionarios de la Jefatura de Gobierno y sus secretarías presentaron las declaraciones juradas patrimoniales que exige la Constitución de la Ciudad, correspondientes al año 2007. De 146 funcionarios obligados, solo 2 no presentaron la declaración. También se revisó cómo se archiva y conserva esa documentación, y se detectó que la oficina de personal no envía regularmente la lista de funcionarios obligados a la Escribanía General, que el sistema de archivo es incómodo para buscar y conservar las declaraciones, y que la normativa no prevé sanciones para quien no presenta la declaración. Aun así, la Auditoría concluyó que el cumplimiento es amplio y mayor que en años anteriores.

• Dos de los 146 funcionarios obligados del ámbito de la Jefatura de Gobierno no presentaron su declaración jurada patrimonial durante el año 2007.
• La Dirección General de Administración de Recursos Humanos no remite, ni anualmente ni trimestralmente, la nómina de funcionarios obligados a la Escribanía General, lo que impide saber con exactitud quiénes deben presentar.
• La información que suministra la Dirección General de Administración de Recursos Humanos es incompleta, ya que solo informa los cargos de mayor jerarquía.
• Aunque las áreas de personal informan adecuadamente a los funcionarios que deben presentar la declaración, no hay una comunicación adecuada entre esas oficinas y la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, que no tiene constancia de las recepciones provisorias.
• El sistema informático de la Escribanía General a veces no registra los distintos cargos que los funcionarios ocuparon con anterioridad, y la guarda y conservación de las declaraciones, aunque prolija, no es adecuada para su búsqueda ni para su conservación por diez años.
• La legislación vigente no establece sanciones para los funcionarios que no presentan la declaración, por lo que un funcionario puede cesar en su cargo y asumir en otro sin haber presentado las declaraciones de baja y de alta.

La Auditoría concluyó que el nivel de cumplimiento es mayor que en períodos anteriores y que la obligación constitucional se cumpliría ampliamente, no obstante las observaciones señaladas. Señaló además que es necesaria una norma que prevea sanciones para el caso de incumplimiento.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.