Concesiones de ocupación, uso y explotacion de los espacios de uso público predio Costa Salguero

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la concesión del predio Costa Salguero, un espacio público ribereño administrado por la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, desde su origen hasta 2005. Encontró que el Estado cobra un canon mensual muy bajo, invariable desde 1991 y muy inferior a lo que el concesionario cobra a su vez por subconcesionar el mismo espacio. También detectó que las actividades del predio no cumplen las normas urbanísticas y ambientales vigentes, que varios locales (incluidos bailables) funcionan sin habilitación, que no se paga el ABL y que el Gobierno no aplicó sanciones frente a estos incumplimientos. La Auditoría concluye que hace falta una definición política del Poder Ejecutivo para sanear la situación, priorizando el interés público, y que deberían evaluarse la posible extinción del contrato y las responsabilidades de los involucrados.

• El canon mensual que paga el concesionario está invariables desde 1991 y equivale a $0,16 por m2, mientras que el promedio de subconcesión es veinte veces superior.
• El predio no paga la contribución de ABL y los subconcesionarios presentan incumplimientos en las declaraciones juradas del impuesto a los ingresos.
• Las actividades desarrolladas son incompatibles con los usos permitidos por el Código de Planeamiento Urbano y los locales bailables no fueron habilitados por la DGHyP.
• Las construcciones no respetan el ancho libre del Camino de Sirga, existen restricciones al tránsito público y el complejo no cuenta con Plan de Evacuación.
• Existen incumplimientos a la Ley 123 de Impacto Ambiental y el predio no fue adecuadamente evaluado ni planificado desde el punto de vista ambiental.
• La administración no aplicó sanciones frente a los incumplimientos contractuales, y la DGCyP carece de sistemas de registro adecuados y de planificación de las tareas de fiscalización y control.

La AGCBA concluye que existen graves deficiencias en la política del Gobierno frente a los concesionarios de espacios públicos, con inactividad y morosidad frente a los incumplimientos, y que el Poder Ejecutivo debe definir una política de Estado para sanear estas situaciones priorizando el interés público. Sugiere además evaluar la posible extinción del contrato de concesión e investigar eventuales responsabilidades del concesionario, los ocupantes del predio y los funcionarios que posibilitaron las irregularidades.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.