Concesión de Ocupación, Uso y Explotación de Espacios de Uso Público Significativo.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la concesión del balneario 'Ingeniero Agrónomo Benito Carrasco' (Punta Carrasco S.A.), en Costanera Norte, correspondiente al ejercicio fiscal 2004 y hechos posteriores, controlando los aspectos legales, técnicos y financieros. Encontró que la empresa paga un canon mensual inferior al que corresponde según el contrato, acumulando una deuda que a abril de 2007 ascendía a unos $270.000, sin que conste reclamo de cobro por parte del área de control. Además, detectó que la concesionaria incurrió en incumplimientos contractuales graves sin que se aplicaran sanciones, que el predio dejó de funcionar como paseo público, que hubo rellenos costeros no autorizados que duplicaron el área concesionada y que los locales gastronómicos y bailables carecen de habilitación. La Auditoría concluye que estas falencias reflejan una falta de definición del Gobierno de la Ciudad en su política frente a los concesionarios de espacios públicos y reclama definir una política de Estado que priorice el interés público.

• El concesionario paga un canon inferior al estipulado en el pliego, por un error en la base de cálculo de la actualización, y la deuda acumulada a abril de 2007 ascendía a $270.397,79 sin que se constatara reclamo de cobro.
• La concesionaria incurrió en graves incumplimientos contractuales (incumplimiento del plan de obras, obras no autorizadas, desvirtuación del objeto de la concesión) sin que se comprobara la aplicación de sanciones.
• Se verificó que el uso del predio no es compatible con la zonificación de Urbanización Parque (UP) del Código de Planeamiento Urbano.
• Se observó un relleno de la costa no autorizado que duplica el área originalmente concesionada.
• Los locales gastronómicos y bailables del predio carecen de la habilitación correspondiente, y la DGCyP demoró en expedirse sobre el cumplimiento de las subconcesiones y la razonabilidad del canon.
• La empresa presentó sus memorias y balances a la Inspección General de Justicia fuera de plazo, y entre 2002 y 2005 registró pérdidas que consumieron sus reservas y el 50% del capital.

Las falencias detectadas, si bien son responsabilidad primaria de la DGCyP, involucran a diversas áreas del Gobierno de la Ciudad y dejan traslucir graves deficiencias en la política frente a los concesionarios de espacios públicos, reflejando la falta de definición de una línea clara de acción en los niveles más altos del Gobierno. El Poder Ejecutivo debe determinar una política de Estado para sanear las situaciones existentes y evitar su perpetuación, priorizando el interés público sobre los intereses particulares.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.